Protección a defensores y periodistas

Gerardo A. Herrera Pérez

Martes 31 de Julio de 2012

El 25 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual se integra por 67 artículos y catorce transitorios.

La ley de mérito es de orden público, interés social y observancia general en México, ello plantea que se generaliza una situación de protección en todo el país; pese a que hay diferenciadas regionales, apreciamos que el problema es grave y generalizado; incluso aquí en Michoacán el caso de la inseguridad de periodistas ha afectado a compañeros de Cambio de Michoacán, entre otros medios.

La ley tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para instrumentar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Vale la pena comentar que el marco jurídico no incluye a los ayuntamientos de participar en este ejercicio de prevención y colaboración; este es uno de los casos en los cuales el federalismo continúa pretendiendo que puede absorber responsabilidades sin alinear estrategias que consideren a los ayuntamientos.

Por otro lado, la ley prevé la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional; el mecanismo será operado por la Secretaría de Gobernación.

La Junta de Gobierno es la instancia máxima del mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de defensoras de derechos humanos y periodistas. Las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección previstas en esta ley.

La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes y serán: un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de la República, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.

Llama la atención que la Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a un miembro de las siguientes instancias: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores, del Poder Judicial de la Federación, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados. Es interesante que a la Junta de Gobierno asistan con voz un organismo internacional y la Conferencia de Gobernadores; no obstante la pregunta es cómo estarán representadas las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

Entre las facultades de la Junta de Gobierno, estará proponer e impulsar, a través de la coordinación, políticas públicas y reformas legislativas relacionadas con el objeto de esta ley. De ahí la importancia de que los periodistas y las OSC acerquen información a este órgano para que funcione.

El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeros, uno de ellos será el presidente por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo consejo. En la integración del consejo se buscará un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Los consejeros se mantendrán en su encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo consecutivo, y entre sus atribuciones está el tender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno.

La Coordinación Ejecutiva Nacional es el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del mecanismo, y estará integrada por los representantes de: la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, así como la Unidad de Evaluación de Riesgos y de Prevención, Seguimiento y Análisis, estas unidades tienen como propósito recibir solicitudes de incorporación al mecanismo, de realización de evaluaciones, así como de proponer acciones de prevención, entre otras.

Por otro lado, la ley en comento define las agresiones con una visión muy amplia, sean éstas por acción u omisión o en aquiescencia; o que atenten contra la integridad física, psicológica, moral o económica de la persona defensora de derechos humanos o periodista, así como del cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o periodista; personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o movimiento social; los bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento social, y las demás personas que se determinen en la evaluación de riesgo.

Una vez definidas las medidas por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgos, la Junta de Gobierno decretará las medidas preventivas o medidas de protección y la coordinación procederá a: I. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 72 horas; II. Coadyuvar en la implementación de las medidas preventivas o medidas de protección decretadas por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a 30 días naturales; III. Dar seguimiento al estado de implementación de las medidas preventivas o medidas de protección e informar a la Junta de Gobierno sobre sus avances.

Las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas urgentes de protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas. En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.

La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, recopilarán y analizarán toda la información que sirva para evitar Agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, celebrarán convenios de cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Para cumplir el objeto de esta ley y con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Los recursos del fondo se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección y la realización de los demás actos que establezca la ley para la implementación del mecanismo, tales como evaluaciones independientes.

La información que se genere de las instancias que señala la ley en comento, es información que deberá ser pública.

La ley también señala que comete el delito de daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servidor público o miembro del mecanismo que de forma dolosa utilice la información proporcionada y con ello perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la persona defensora de derechos humanos, periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta ley.

Fuente: Cambio de Michoacán

31 julio 2012

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=6914

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