Periodistas y defensores de derechos humanos, agresión permanente

Mauricio Farah Gebara/La silla rota. 28 de diciembre de 2012. Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 2000 a noviembre de 2012, se han presentado 807 quejas por agravios cometidos contra quienes ejercen el periodismo, y desde el año 2005 ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores, además de numerosas denuncias de agresiones.

Asimismo, en los últimos cinco años la institución ha iniciado investigaciones sobre 28 ataques directos contra instalaciones de medios de comunicación en varias entidades del país.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que a lo largo de 2012 en todo el país se han producido 260 agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, 170 contra hombres y 90 contra mujeres; la mayoría perpetradas por grupos armados y principalmente en el Distrito Federal.

Según cifras de la CDHDF, los presuntos responsables de las agresiones fueron grupos armados, en 67 casos; la Policía Federal, en 29; y la Policía Estatal, en 21. Pero también son responsables gobiernos estatales y municipales, en 19 casos; la Policía Municipal, en 18; empresas privadas, en 17; gobernadores, en 13; el crimen organizado, en 9; elementos del Ejército, en siete; trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en siete; y en 74 casos no se identificó al agresor.

Como ha venido ocurrido recurrentemente desde hace años, las agresiones más comunes son el homicidio; los allanamientos; la desaparición forzada; la tortura y el robo.

Tal estado de cosas hace particularmente peligrosos y preocupantes tanto el ejercicio periodístico como la defensa de los derechos humanos por defensores civiles y miembros de organizaciones sociales.

Ello no sólo porque las agresiones a los comunicadores violentan sus derechos humanos, sino porque vulneran, además, el derecho de la sociedad a estar informada.

Este panorama, claro indicativo de un crecimiento sostenido en los ataques a periodistas, y de la gravedad de los mismos, confirman con razón que el trabajo que realizan periodistas y comunicadores debe ser considerado como de alto riesgo.

Del 1 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2012, la CDHDF recibió 658 quejas por actos cometidos contra comunicadores.

El patrón de agresión es el mismo de siempre: violaciones al derecho a la seguridad jurídica; a la libertad; a la legalidad, a la integridad y la seguridad personal; al derecho a la propiedad y a la posesión, entre otras violaciones.

La organización civil internacional Artículo 19 ha señalado que son funcionarios públicos los principales responsables de agresiones contra comunicadores y periodistas, incluso por arriba de aquellas que son atribuibles a la delincuencia organizada.

Si bien las agresiones se dan en casi cualquier región del país, las entidades federativas en las que se ha producido el mayor número de casos de agravios a periodistas en este periodo fueron el Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.

Las autoridades, tanto las del orden federal como las locales, están obligadas a actuar de manera efectiva para evitar que se sigan cometiendo actos que no sólo son contrarios al ejercicio de la libertad de expresión, factor esencial para la vigencia del Estado de derecho y de todo régimen democrático, sino que atentan también contra la integridad física y, en el extremo, contra la vida de periodistas y comunicadores.

Pero más allá de implementar medidas cautelares y de protección en beneficio de quienes hacen de la libertad de prensa y de informar su actividad cotidiana, las autoridades también tienen la obligación de esclarecer las agresiones que se han venido denunciando a lo largo de estos años, a perseguir a los agresores y buscar para ellos el castigo que la ley prevé.

No hacerlo significará, hoy como antes, seguir pavimentando el camino de la impunidad que limita y coarta el libre ejercicio de los derechos humanos de todos, y no sólo los de unos cuantos.

Con una prensa expuesta o sometida al hostigamiento, a la violencia y la agresión física; a la intimidación y las amenazas de muerte, será la sociedad la que verá coartadas la búsqueda de la verdad, la divulgación de la información y el derecho a estar informada.

Luis González Placencia, presidente de la CDHDF, ha advertido que una de las amenazas más importantes sobre comunicadores, defensoras y defensores de derechos humanos es la vulneración y la impunidad a las que están expuestos. Más aún en un contexto social como el que está viviendo el país.

El ejercicio periodístico y la defensa civil de los derechos humanos no deben ser vistos como un acto de valentía, sino como lo que son: el libre ejercicio de una actividad y de un derecho.

Twitter @mfarahg

La silla rota

28 de diciembre de 2012

http://lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=57062:periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-agresi%C3%B3n-permanente&Itemid=186

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