Regina y la justicia en Veracruz

VUELTA PROHIBIDANéstor Ojeda

2013-08-11 • AL FRENTE

La ineficacia de los órganos de procuración e impartición de justicia hace parecer que los delincuentes tienen más garantías que las víctimas en nuestro país; es un mal estructural que se agrava por la falta de profesionalismo y la corrupción entre los jueces mexicanos.

Un ejemplo de ello se dio recientemente en Veracruz, cuando un par de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado revocó la sentencia de 38 años de prisión al asesino confeso de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso en esa entidad.

Durante seis meses la Procuraduría de Justicia de Veracruz designó a un equipo especializado para investigar los hechos y localizar al o los responsables. Finalmente, la fiscalía logró la detención de Jorge Antonio Hernández Silva, quien confesó haber privado de la vida a la comunicadora durante el mes de abril de 2012, y posteriormente fue juzgado.

Sin embargo, el jueves la séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revocó dicha sentencia, argumentando que solo contaba con la confesión del inculpado, y que este sujeto había sido torturado.

Durante las diligencias para el esclarecimiento del homicidio de Regina Martínez, a petición de los directivos del semanario Proceso, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó las pruebas correspondientes al Protocolo de Estambul, con las cuales determinó que el homicida confeso no había sido sometido a ningún tipo de presión, ni física ni psicológica.

La justicia en Veracruz se equivocó, pues hoy los criterios de dos magistrados han puesto en libertad a quien reconoció haber asesinado a Martínez Pérez.

El homicidio de la periodista le dio la vuelta al mundo y al paso de los meses, esta nueva determinación judicial irrita a la sociedad veracruzana, incluyendo a los familiares de la desaparecida Regina Martínez, quienes repudiaron la liberación de Hernández Silva.

Incluso Ángel Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, anunció que recurrirán a instancias superiores de justicia a nivel federal para apelar esta decisión, pues considera aberrante que alguien que ha confesado su responsabilidad en un asesinato goce de absoluta libertad.

La mala observación de los magistrados Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra provocó una reacción inesperada en el gobierno estatal, pues el propio procurador, Felipe Amadeo Flores Espinosa, manifestó públicamente su repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia.

Esta historia, que lamentablemente no radica en la ficción, bien serviría para reflexionar: ¿a quién le sirve la justicia? Hay versiones que apuntan a una venganza política contra el gobernador Javier Duarte, porque uno de los magistrados, dueño de medios locales, no está nada contento con el reparto de la publicidad de su gobierno.

Sin duda, este caso podría ser solamente una muestra de lo torcida que pudiera estar la justicia en Veracruz, y quizá en otras entidades, donde pareciera que lo único que no tiene validez es la propia ley.

Milenio Diario

11 de agosto de 2013

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