Consternados: Caro, Regina…

Jorge Fernández Menéndez 13/08/2013 02:57

Consternados: Caro, Regina…
Ya analizaremos mucho más a detalle la iniciativa energética que presentó ayer el presidente Peña Nieto. Basta decir por lo pronto que es una propuesta acertada y que va en el rumbo que requiere el país y en el que avanza el mundo. Una iniciativa que puede tener ajustes en uno u otro sentido, pero sin duda, va en el sentido correcto y cuya aprobación será clave para definir el futuro de México.

Pero mientras esa iniciativa apunta hacia el desarrollo del país, otros elementos, otros campos, siguen sufriendo las consecuencias de un sistema que no funciona en muchos terrenos, que no es eficiente ni representa las exigencias de la sociedad. La justicia es uno de los más evidentes. Los ejemplos de las últimas semanas son más que preocupantes: puede ser, como dicen fuentes del Poder Judicial, que lo que sucede es que se esté intentando construir un sistema de justicia más garantista, que respete más las garantías de los acusados, pero en los hechos lo que tenemos es un sistema de justicia que no está haciendo justicia y que está utilizando esas sanas intenciones para dejar en libertad a criminales mientras las cárceles continúan llenas de miles de hombres y mujeres cuyos derechos procesales sí han sido vulnerados. Y en donde la corrupción, mal que le pesa a muchos de los defensores del sistema, es también un mal endémico.

Un caso simultáneo con el de Caro Quintero se dio en Veracruz con la liberación del asesino de la periodista Regina Martínez Pérez, crimen ocurrido el 28 de abril de 2012 pasado, revocando la sentencia condenatoria por 38 años y dos meses de prisión en contra de Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, la cual había sido emitida por la juez tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Xalapa, luego de la indagatoria realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado. El magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, decidió dejar en libertad al asesino de la periodista argumentando que no existían pruebas suficientes y errores de procedimiento, pese a que ya tenía condena en firme y que durante la indagatoria se acumularon todo tipo de pruebas respecto a su participación.

¿Por qué entonces dejarlo en libertad? No lo ha explicado el magistrado, pero lo cierto es que es, el suyo, un caso peculiar. El magistrado ponente Álvarez Peña no llegó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por méritos de carrera judicial, sino más bien como parte, aparentemente, de una prebenda política, ya que ha sido casi de todo en la administración pública y es también dueño de una cadena de medios de comunicación en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Edel Álvarez, es un funcionario, y ahora magistrado, ligado políticamente a Roberto Madrazo, ha sido alcalde de Coatzacoalcos —aunque nació en Tlacotalpan—, diputado local suplente por ese distrito, dirigente juvenil de la CNOP, dirigente estatal del PRI en Veracruz, delegado del Conafe, director general del Registro Público de la Propiedad y de inspección y archivo general de Notarías, de donde partió para ser magistrado. Dueño de una extensa cadena de medios, dicen en el ámbito local que esos intereses, conflicto por partidas publicitarias, han estado detrás de la liberación del asesino de Regina Martínez. Un ejemplo palpable de por qué la política (y además la propiedad de medios) no puede ser compatible con administrar la justicia. Por eso no funciona nuestro sistema.

Decía el senador Omar Fayad, uno de los políticos que aspira en algún momento en ser parte del gabinete federal en áreas de seguridad, que es de ignorantes culpar al Ejecutivo por la liberación de Caro Quintero y otras que se han dado en las últimas fechas. En realidad no es así: el Ejecutivo por supuesto que no tiene decisión directa respecto a la liberación de Caro Quintero o de otros criminales. Pero sí la tiene en tres ámbitos: primero y principal es saber qué medidas se adoptan en el terreno judicial y poder actuar en consecuencia. Segundo, en explicarle a la gente qué sucede, por qué se toman decisiones que resultan incomprensibles. Tercero, debe actuar en consecuencia contra los responsables, ya sea de haber violado derechos individuales, pero también contra aquellos que vulneran con sus decisiones el propio Estado de derecho. El silencio de las autoridades (y por supuesto del Consejo de la Judicatura) en el caso Caro Quintero es incomprensible. Como lo es el de las autoridades judiciales de Veracruz ante la decisión de un magistrado que arriba a esos cargos tan decisivos en la justicia sin experiencia judicial y con una larga lista de intereses políticos y empresariales detrás. Si no le pedimos explicación a las autoridades sobre sus decisiones, ¿entonces a quién?

Jorge Fernández Menéndez, columna Razones en Excélsior

13 de agosto de 2013

http://www.excelsior.com.mx/jorge-fernandez-menendez/2013/08/13/913374

 

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