Impunidad: premio al vandalismo

Jorge Fernández Menéndez 22/08/2013 00:00

Impunidad: premio al vandalismo
Las movilizaciones y bloqueos, permeados por todo tipo de actos de violencia, han caído como las siete plagas sobre la Ciudad de México ante la indiferencia de las autoridades y las propias fuerzas de seguridad locales. El martes, mientras eran agredidos y golpeados por un grupo de manifestantes el camarógrafo Miguel Andrade y el reportero Raúl Flores de Grupo Imagen Multimedia, los policías que observaban la escena, sin intervenir, argumentaban que no podían hacer nada por impedir la agresión, ya que tenían órdenes de no hacer nada contra los manifestantes.

Y vaya que cumplieron a rajatabla: los grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon y tomaron el Congreso, mandaron a una decena de policías al hospital luego de que los atropellaron con un carro que previamente habían robado, además, los agredieron con palos y tubos, los rociaron con gasolina, quemaron y destrozaron carros, mobiliario y equipo. Llegaron a secuestrar policías para “intercambiarlos” por manifestantes que habían sido detenidos.

En el colmo del cinismo y la mentira, la misma noche de los hechos, el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, declaró a los medios que habían tenido “que entrar por la fuerza” a San Lázaro porque no los habían querido recibir (¿usted recibiría en su casa a 200 vándalos encapuchados y armados que están dispuestos a arrasar con todo a su paso?), horas después cambió su versión, dijo que ellos habían realizado “una manifestación pacífica” y que los que habían intentado entrar por la fuerza eran “infiltrados”. Una mentira burda.

Pero lo ocurrido en San Lázaro no es una excepción, es la regla. En el Zócalo, los manifestantes arrasaron con una exposición vial para niños montada por el Gobierno del DF, pero también con las salas de 3D del Cine Volador instaladas en la propia Plaza de la Constitución. Alrededor y en todo el centro de la ciudad, calles y avenidas tomadas y bloqueadas durante horas, comercios cerrados, ciudadanos impedidos de entrar en sus propias casas, gente agraviada por estos supuestos maestros. No son muchos: son unos siete mil manifestantes (nada para la Sección 22, que tiene más de 20 mil “maestros” comisionados, cuya única labor es participar en este tipo de acciones) que tienen como rehenes a una ciudad de 20 millones de habitantes y a las instituciones federales. Como escribían ayer en La Razón, cómo quiere el DF ser un estado autónomo, el estado 32, si no está en condiciones de garantizar ni siquiera el normal funcionamiento de las instituciones federales. Ni en una sola ocasión las autoridades han hecho algo para impedir la violencia y el vandalismo.

Pero eso no es lo más grave: ayer, luego de todo lo ocurrido y en ese mar de impunidad, se le concedió a estos grupos lo que reclamaban: se retiró del periodo extraordinario el dictamen sobre la ley del servicio docente, la que estipulaba los métodos y mecanismos de evaluación y la responsabilidad que deberían adquirir los maestros en ese sentido. Los de la Coordinadora hicieron todo esto con un solo objetivo: no ser evaluados ni tener que realizar curso de regularización si no aprobaban esa evaluación.

Estamos ante una doble impunidad: la que les permite no asumir responsabilidades ante los delitos cometidos, y la que les permite seguir “educando” (o simplemente cobrando un sueldo aunque jamás se hayan parado en un salón de clases) pese a que no tengan los mínimos conocimientos necesarios para hacerlo. Es una doble impunidad y un doble crimen. ¿A cambio de qué?, ¿de que no sigan agrediendo, vandalizando, cometiendo delitos?, ¿tan poco se valora el Estado de derecho que se puede ceder ante tamaño chantaje?, ¿cómo explicarle al maestro que trabaja todos los días, que está frente a sus alumnos, que se prepara y esfuerza, que estos vándalos son los que finalmente resultan premiados por las propias autoridades?

Así se enseña un camino: el del chantaje y la extorsión política. ¿Así se actuará también ante la reforma energética y fiscal?

Porque los números económicos son malos. El crecimiento para este año se ha tenido que reducir prácticamente a la mitad de lo pronosticado: apenas 1.8% anual, en un
contexto de decrecimiento muy significativo en la generación de empleos. Es verdad que el mundo no pasa por un buen momento, pero también lo es que la economía interna tampoco está funcionando y que los estímulos prometidos no aparecen, ni en obras ni en otro tipo de apoyos. Sin las reformas y sin una política agresiva de inversiones y obras (y sin una política social que esté en el centro de las preocupaciones gubernamentales) la economía del país estará condenada a la inercia, como ahora. Me imagino que eso no puede ser negociable.

Excélsior

22 de agosto de 2013

http://www.excelsior.com.mx/jorge-fernandez-menendez/2013/08/22/914853

 

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