Defensores de derechos humanos piden a Peña garantías para ejercer su labor

LA REDACCIÓN
22 DE AGOSTO DE 2013
NACIONAL
Activistas protestan en contra de las violaciones a los derechos humanos. Foto: Prometeo Lucero
Activistas protestan en contra de las violaciones a los derechos humanos.
Foto: Prometeo Lucero
MÉXICO D.F., (apro).- La Red de Derechos Humanos Migrantes hizo un llamado hoy al gobierno de Enrique Peña Nieto para que cesen las agresiones en su contra y se otorguen las garantías necesarias para poder ejercer su labor humanitaria en el país.

La petición se hizo en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se lleva a cabo en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), durante la cual se activistas denunciaron que en los últimos dos meses, al menos cinco organizaciones de ayuda a migrantes han sido víctimas de agresiones, pese a contar con medidas precautorias, cautelares o de protección emitidas por el organismo nacional de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Federal de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Luego de hacer un llamado a las autoridades federales a asumir su responsabilidad y ofrecer una respuesta integral frente a esta situación, la Red planteó que la situación es especialmente preocupante, pues el hostigamiento y amenazas a que han sido expuestas impactan directa y negativamente en su labor humanitaria.

Además, agregan, contribuye a la acumulación de factores hostiles y de desprotección de las personas migrantes en tránsito por México que, ante los cierres de albergues, quedan a merced de abusos de autoridades o redes criminales que capitalizan los vacíos de protección generados.

Esta situación, refirió, ya había sido denunciada anteriormente por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rigths Watch y la propia Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH.

La Red DH Migrantes recordó, asimismo, que Estado mexicano tiene el derecho de proteger la integridad personal de los defensores consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como investigar y sancionar a responsables materiales e intelectuales de los hechos, y garantizar una adecuada reparación del daño a las víctimas, con independencia de que los actos hayan sido cometidos o no por agentes estatales.

Proceso

22 de agosto de 2013

http://www.proceso.com.mx/?p=350742

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