Justicia a Patishtán

¿Podemos hablar de justicia si le devolvemos la libertad a un inocente 13 años después de aprehenderlo sin puebas?

Roberto Gil Zuarth 21/10/2013 01:47

Justicia a Patishtán
El 19 de junio del año 2000, Alberto Patishtán y Salvador López González fueron acusados y aprehendidos por su presunta participación una semana antes en una emboscada en la cual murieran siete personas y se hiriera a dos más. Entre los fallecidos se encontraban elementos de la Policía de Seguridad Pública y el hijo de Manuel Gómez Ruiz, entonces presidente municipal de El Bosque, en el estado de Chiapas. Las autoridades describieron la planeación y ejecución del atentado como altamente profesional; la PGR calculó la participación de diez atacantes con armas de alto poder. Una semana después Patishtán y López fueron aprehendidos.

Durante el arraigo de 30 días, Alberto Patishtán no contó con un intérprete. Fue acusado por un testigo que previamente había declarado no recordar nada por estar inconsciente durante el atentado. Fue inculpado por una libreta de apuntes con trazos de juegos de basquetbol que se realizarían en la zona, y que el juez señaló como un posible croquis de la emboscada. Se validó el peritaje de rodizonato de sodio, análisis que sirve para determinar el uso de armas de fuego, y que se realizó una semana después del ataque.

El 18 de marzo de 2002, el juez primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia condenatoria en contra del profesor Alberto Patishtán considerándolo culpable, entre otros delitos, de homicidio calificado. Se le aplicó una pena de 60 años de prisión y una multa de casi 60 mil pesos. Salvador López González fue absuelto y puesto en libertad.

Patishtán siempre ha sostenido su inocencia. La gravedad de las irregularidades en su proceso y la falta de pruebas le dan la razón. Patishtán ha interpuesto todos los recursos legales a su disposición, ninguno de los cuales ha otorgado su absolución. Recientemente, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas le negó el Reconocimiento de Inocencia por considerarlo cosa juzgada. Se han agotado sus opciones legales sin que la justicia esté ni remotamente cerca. Y por si esta historia no fuera suficientemente grave, Patishtán hoy lucha contra un tumor y está sometido a un tratamiento de quimioterapia.

En el Senado de la República se han presentado por lo menos dos propuestas para dar salida legal a la situación de Alberto Patishtán. Una de ellas, aquélla que suscribo, podría servir para hacer justicia a todas las personas sentenciadas cuya condena se haya obtenido a pesar de, y a veces debido a, la sistemática violación del debido proceso en su contra. Lamentablemente en nuestro país, incluso para la justicia, los más vulnerables son los más expuestos; sin posibilidades económicas, ni poder político, difícilmente pueden acceder a una defensa adecuada; son víctimas constantes del uso discrecional del sistema de justicia.

La iniciativa propone adicionar al Código Penal Federal un artículo — el 97 bis— que establezca la posibilidad de atender los casos en que, habiéndose concluido el proceso jurisdiccional penal correspondiente, existieran indicios de vulneraciones graves al debido proceso que hubiesen impedido a la persona sentenciada tener una adecuada defensa. Es decir, esta adición permitiría regular el indulto de tal forma que contemplara la situación jurídica en la que hoy está Alberto Patishtán. Con la aprobación de esta iniciativa las Cámaras del Congreso o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrían pedir al Presidente de la República que conceda el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal cuando existan indicios de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y por ello no hubiera podido demostrar su inocencia, o cuando se constaten violaciones graves al debido proceso en cualquier etapa del juicio o sus recursos.

Esta modificación legal significaría una salida al caso de Patishtán, pero también para todos aquellos presuntos culpables que nunca hayan podido demostrar su inocencia, privados de su libertad, agotados legal y económicamente, sin que nadie haya tenido siquiera que demostrar su culpabilidad. ¿Podemos hablar de justicia si le devolvemos la libertad a un inocente 13 años después de aprehenderlo sin pruebas y sin respeto a sus derechos constitucionales? Probablemente no. Probablemente no podamos llamarla justicia. Pero no hacerlo, sería claudicar, sería participar de una injusticia prevenible, aquella que por prevenible es tanto más injusta.

*Senador de la República

roberto.gil@pan.senado.gob.mx

Twitter: @rgilzuarth

Excélsior

21 de octubre de 2013

http://www.excelsior.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/2013/10/21/924478

 

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