La ciudad que se nos va Por: Darío Ramírez

octubre 31 de 2013 – 0:00 COLUMNAS, Ramírez en Sinembargo – 1 comentario Recientemente, Artículo 19 publicó el informe #Rompeelmiedo, el cual da cuenta de la violencia contra la prensa por parte de la policía del DF para impedir la cobertura de la marcha del 2 de octubre. El informe es contundente al mostrar evidencia irrefutable de la violencia ilegal con la que actuaron los granaderos contra periodistas y comunicadores. Ver a policías golpear indiscriminadamente y lanzar piedras contra periodistas y manifestantes debe de encender las alarmas en un gobierno que, por lo menos de slogan, se dice de izquierda democrática. Pero lo cierto es que con el impulso irresponsable de muchos medios de comunicación, la violencia en la marcha del 2 de octubre pasó a ser un combate callejero entre manifestantes violentos y la policía. Inclusive importantes medios de comunicación advirtieron que la violencia de la policía contra manifestantes era un acto de defensa propia, al más puro estilo de victimizar al Estado. El Estado contiene la violencia y ejerce el uso de la fuerza únicamente en casos sumamente específicos y bajo estándares internacionales ampliamente reconocidos. No se defiende. El usar gases de extintor, lanzar piedras, perseguir y golpear, encapsular son actos ilegales cometidos por agentes del Estado. El informe citado concluye que la violencia contra la prensa fue premeditada y directamente ejecutada contra este grupo. “Al darme cuenta que la policía del DF golpeaba a un compañero de prensa y querer tomar fotografías ellos mismos me empujan y golpean con su tolete en la espalda y pierna izquierda para que me retirara del lugar, caminando sobre la banqueta hasta llegar a la Fragua en el estacionamiento contiguo al Hotel Casa Blanca… Los policías nos impidieron documentar cómo golpeaban a una pareja y una familia con dos menores de edad y a los dueños del estacionamiento. En este lugar rociaron de gas pimienta o lacrimógeno el rostro de fotógrafos y camarógrafos”, es el testimonio de una fotógrafa. Es amplio el abanico de violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades del Distrito Federal, y lo más serio es que no son casos aislados. Por ejemplo, muchas de los actos violatorios se pudieron documentar en marchas pasadas, por ejemplo, el 10 de junio y el 1 de septiembre. El reconocimiento de este patrón de violencia contra el derecho a la protesta confirma el deterioro de una libertad básica en la capital. En otras palabras, las detenciones arbitrarias durante las protestas, los actos de violencia e intimidación por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública contra periodistas y comunicadores, las agudas faltas al debido proceso judicial por parte del Poder Judicial de Distrito Federal y los abusos de autoridad, serían suficiente prueba para afirmar que existe una criminalización de la protesta en el Distrito Federal. No hay más, la respuesta de que son hechos aislados se derrumbó. La afirmación sobre la criminalización podría ser cuestionada si las autoridades capitalinas hicieran otra cosa que defenderse con argumentos retóricos y que faltan a la verdad. Lo cierto es que el deterioro de la libertad de expresión en la capital hasta el momento se ha minimizado por la autoridad. Sus aseveraciones en torno a que son grupos violentos o de choque los que generan la violencia corroboran la miopía con la que se mira la realidad. Lo que nos debe preocupar es determinar para dónde nos quiere llevar el Jefe de Gobierno al no atender de manera diligente esto que ya es un serio problema para los que creemos en la libertad. El silencio frente a la evidencia contundente del informe #Rompeelmiedo considero que no es una respuesta digna de una autoridad de tan alta investidura. Por el contrario, es una afrenta a la democracia. Llegará una siguiente marcha, eso tengámoslo por sentado. El no atender los problemas enunciados anteriormente abre la plausible posibilidad de que en la siguiente marcha se susciten hechos que podríamos lamentar todos. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de comunicación y periodistas hemos cumplido con nuestra responsabilidad de documentar hechos violatorios a derechos humanos. El gobierno local no ha cumplido con su responsabilidad de recoger la información puesta a su disposición con el fin de investigar qué pasó y rendir cuentas a la sociedad capitalina. Si queremos frenar la espiral de violencia contra la prensa en manifestaciones, las autoridades al mando deben de mandar un ejemplo terminante que verse en la absoluta intolerancia de dichos actos por parte de sus subalternos. Hasta ahora esto no ha pasado. Lo que se convierte en una señal de aliento para continuar cometiendo infinidad de violaciones a los derechos humanos sin ningún tipo de consecuencia judicial. La receta es muy simple: diligente investigación, castigo a culpables y el establecimiento de mecanismos de no repetición. Una vez más: diligente investigación, castigo a culpables y el establecimiento de mecanismos de no repetición. El Distrito Federal ha sido (y en muchos aspectos sigue siendo) un oasis de libertades que no se disfrutan en ninguna otra parte del país. Es nuestro derecho demandar que no se den pasos en contrario a lo que hemos ganado. Dr. Miguel Ángel Mancera, lo que está en juego es un tema de libertades. El silencio y falta de respuesta es un paso contrario a la consolidación del estado de derecho y la democracia en nuestra ciudad. Se dibuja la intención por parte de su gobierno de consolidar un régimen de mano dura donde se piden más policías en vez de mejor capacitados y respetuosos de los derechos humanos. De mejores ministerios públicos y jueces para castigar a personas, únicamente a los que cometen delitos. Señor, Jefe de Gobierno, ahí está la evidencia, el siguiente paso debe de ser de su gobierno.

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31 de octubre de 2013

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