Piden en Chiapas medidas cautelares a favor del diario ‘Contrapoder’

ISAÍN MANDUJANO
6 DE NOVIEMBRE DE 2013
ESTADOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó al secretario general de Gobierno (Segego), Eduardo Ramírez Aguilar, medidas cautelas precautorias en favor del diario Contrapoder, luego de que voceadores advirtieron que no distribuirán más el rotativo “por instrucciones de funcionarios del gobierno de Chiapas”.

El organismo estatal de los derechos humanos, con fecha del lunes 5, radicó el expediente de queja CEDH/MP//2013, derivado de la queja de José Adriano Anaya, director de Contrapoder, quien refirió presuntas violaciones a sus derechos humanos por actos presumiblemente atribuibles a personal de la Segego.

En el oficio girado a la Segego –elCEDH/VGAGV/MP//2013 y firmado por la visitadora general Karina Guadalupe Cruz Aguilar– se señalan los agravios contra la circulación de ese rotativo, que publica despachos de la Agencias de Noticias de la Mujer (Cimac) y de la agencia Apro.

“Tengo el temor de que el día de mañana, 5 de noviembre, no se venda el periódico al público en general por parte de los voceadores, toda vez que los líderes del sindicato de voceadores han recibido indicaciones, según por parte de personal de gobierno del estado, en el sentido de que el periódico Contrapoder no lo reciban y mucho menos se saque a la venta”, detalló Adriano Anaya en su queja vía telefónica.

Luego de ello, el martes pasado, poco después de las cinco de la mañana, personal de la CEDH y directivos del diario acudieron a las oficinas del Sindicato de Voceadores en esta capital para constatar la situación.

José Adriano Anaya, director de Contrapoder, se entrevistó personalmente con el secretario general de Voceadores, a quien puntualmente señaló: “Le quiero dejar los ejemplares para la venta y distribución de Contrapoder”.

En respuesta, Gudencio “N”, líder de los voceadores, confirmó: “Definitivamente no lo vamos a recibir, ya que tengo indicaciones de arriba de que no se distribuya”.

“¿Órdenes de quién? ¿Quién les dio esa indicación?”, preguntó Adriano Anaya:

El dirigente sindical señaló que “lo único que le puedo decir es que recibí una llamada y me dicen que no le reciba el periódico, son órdenes del gobierno del estado…”

Entonces el director del diario preguntó cuándo se levantaría ese veto, y la respuesta fue que “no sabemos hasta cuándo vamos a volver a vender su periódico, yo no puedo decidir que se venda o no, después me van a llevar a la cárcel y ¿quién me va a defender?

“Mire, hoy vamos a tener una reunión para que negociemos, porque si no lo vamos a vender los voceadores, están perdiendo sus ganancias, vamos a tener una reunión y en la tarde le hablamos para ver a qué acuerdo llegamos”.

De inmediato, Adriano Anaya se dirigió a la plaza central de la ciudad, en el puesto de ventas de Aracely “N”, y el hijo de ésta, quien no se identificó, advirtió:

“No lo vamos a recibir hoy, su periódico no se va distribuir, su periódico tiene problemas y no lo vamos a vender”.

El periodista ya se iba, cuando observó que se presentaba la dirigente de vendedores de diarios, Araceli “N”, a quien indicó:

“Le quiero dejar los ejemplares para la venta y distribución de Contrapoder correspondiente a la edición del día de hoy”.

Y la reacción de la mujer fue que, “definitivamente, no lo vamos a recibir hoy, el periódico no se va vender hoy por los voceadores, su periódico tiene problemas, es que ha sacado notas fuertes al gobierno, arregle sus problemas y después platicamos”.

Pese a la insistencia del directivo, nadie le pudo decir identificar a los funcionarios que dieron esas indicaciones directas, sólo que éstas provenían del gobierno del estado.

De acuerdo con la CEDH, “sin prejuzgar la veracidad de los hechos antes narrados”, es importante recordar que los artículos sexto y séptimo de la Carta Magna reconocen como libertades fundamentales de los individuos el derecho a la información, así como la libre manifestación de las ideas, mismas que por ningún motivo serán o podrán ser objeto de inquisición judicial o administrativa.

Por último, el ombudsman estatal concedió un término de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que fue recibida la petición de medidas cautelares precautorias, “para rendir el informe sobre las acciones implementadas, a efecto de dar cabal cumplimiento a las mismas”.

Proceso

6 de noviembre de 2013

http://www.proceso.com.mx/?p=357282

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