Los fallos en la investigación del último reportero asesinado en México

Nunca antes en México 16 periodistas se habían unido para investigar la muerte de un compañero. En un país donde el año pasado se registró el mayor número de agresiones contra la prensa desde 2007 -330 segúnla ONG Artículo 19- el asesinato del reportero Gregorio Jiménez ha servido de revulsivo para sumar esfuerzos dentro de un gremio hasta ahora disperso. La finalidad, buscar justicia, o cuando menos, información. A Goyo, de 43 años, lo secuestraron a punta de pistola el 5 de febrero de este año. Vivía con su esposa y siete hijos en el poblado Villa de Allende, una comunidad muy pobre, con el suelo de las casas de tierra y sin agua corriente, situado al sur de Veracruz. Su cuerpo fue hallado sin vida el día 11. Lamentablemente el caso de Jiménez no es único. Otros nueve profesionales de los medios han sido asesinados en ese mismo Estado en los últimos tres años.  Hace un mes, un grupo de periodistas se desplazó a la zona para investigar las circunstancias que rodearon la muerte del reportero.

Según las conclusiones del informe presentado este miércoles, el expediente oficial de la muerte de Gregorio Jiménez muestra “las deficiencias e inconsistencias de la actuación de las autoridades”, así como “fallas” que podrían resultar favorables para las seis personas que han sido acusadas por el secuestro y asesinato del reportero del municipio de Coatzacoalcos. “El documento tiene carencias tan grandes que puede provocar la liberación de los detenidos, como ocurrió en el caso de Regina Martínez [periodista también veracruzana asesinada en 2012]”, ha asegurado  María Idalia Gómez, miembro de la sociedad interamericana de prensa y del diario 24 horas. “El riesgo de que se caiga es altísimo. No existen las pruebas suficientes”.

En el documento “Gregorio: asesinado por informar”, los comunicadores denuncian que la Procuraduría de Justicia del Estado “solo se enfocó en demostrar una línea de investigación”, cuando sin embargo “existen pruebas claras para abordar otras posibles dos lineas que podrían revelar toda una estructura criminal”. Así mismo, señala que ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR indagaron o profundizaron sobre el trabajo periodístico de Gregorio. “Hay un afán real de la autoridad por demostrar que el asesinato no es por su labor periodística”, señala Gómez.

Según el informe, el expediente no documenta el despliegue de las fuerzas policíacas para la localización del reportero, por lo que no hay una confirmación oficial de si existió la acción ni de cómo se llevó a cabo. Faltan, además, órdenes de cateo, pruebas y dictámenes periciales, y verificación de hechos y de información por parte de los investigadores. En el expediente no se explica cómo descubrieron quiénes eran los responsables, cómo los ubicaron y cómo llegaron a la casa de seguridad en la que supuestamente permaneció Gregorio y a las fosas clandestinas donde encontraron su cuerpo. En palabras de los periodistas “las acusaciones se sostienen, principalmente, con la confesión de José Luis Márquez Hernández, quien se asume como el autor material y líder de la célula que secuestró y asesinó a Gregorio”. Un homicidio que las autoridades atribuyen a una disputa con la dueña de un bar. Según esta versión, ella lo amenazó de muerte y los ejecutores (seis) se habrían repartido 20.000 pesos (unos 1.500 dólares).

Además, en el expediente oficial se afirma que “los detenidos aseguran que fueron torturados para autoinculparse. No existen certificados médicos que acrediten su situación física y mental antes y después de rendir su declaración”.

Al margen de la actuación de la autoridad, el informe analiza las posibles causas que motivaron el crimen y el contexto en el que el reportero realizaba su trabajo.

Gregorio y ejercer el periodismo en Coatzacoalcos

Gregorio Jiménez, quien durante años trabajó arreglando aparatos de radio, colaboraba como autónomo para Notisur y El Liberal del Sur. Del primero cobraba cada quincena 700 pesos (54 dólares) como apoyo al transporte. Le daban 20 pesos (1,5 dólares) extra por cada nota publicada, con un tope de 1.500. En el segundo medio le pagaban 50 pesos (menos de 4 dólares) pesos por nota publicada, con un máximo de 15 piezas al mes.

“El piso de la comunidad donde vivía Gregorio era de arena. En Villa de Allende no hay luz eléctrica, ni tampoco drenaje. En su casa no había agua corriente, el suelo era de tierra y las gallinas se colaban en la vivienda. Amaba su profesión y ejercía en las condiciones más duras, de extrema pobreza”, ha relatado el escritor y también periodista EmilianoRuiz Parra durante la presentación del informe.

La precariedad de Villa de Allende contrasta con los datos oficiales: en Veracruz se concentra el 80% de la petroquímica de todo el país y, en el sur del Estado se encuentra asentada gran parte de esta actividad. El mercado de los productos derivados de procesos petroquímicos en México genera unos 36.000 millones de dólares.

“La mayoría de los testimonios de los colegas con los que platicamos se quejan de estar en medio de presiones de diferentes actores: presión de la corporación policiaca mando único, que hostiga a reporteros; presión del crimen organizado, fundamentalmente de los Zetas; presión de los dueños de sus medios, que atienden a intereses políticos; y la presión del Gobierno del Estado y de otros caciques (…) Coatzacoalcos fue incrementando los indices de violencia en los últimos meses y Gregorio era el único corresponsal para ese poblado. Una gran suerte y un gran riesgo”, asegura Ruiz Parra.

Los periodistas de la zona se refieren a la región sur de Veracruz como “la boca del lobo”, por la abundancia de homicidios, secuestros, extorsiones, robos y violaciones. Es la zona roja de un Estado ya de por sí peligroso para la práctica del periodismo, según organismos internacionales. En lo que va de gestión de Javier Duarte, desde diciembre de 2010, han sido asesinados diez periodistas y tres permanecen desaparecidos. Además, un diario fue incendiado y al menos 25 reporteros se han visto obligados a dejar el Estado por amenazas.

EL PAÍS

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