Dinero por Enrique Galván Ochoa. Quieren una Internet sin libertad de crítica

Mientras la atención pública se mantiene entretenida con la guerra de las televisoras y los ‘‘preponderantes’’, el gobierno priísta maquina un golpe contra el espacio de expresión más libre del país: Internet y las redes sociales. La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió Enrique Peña Nieto al Senado atenta contra los derechos humanos y la privacidad de los usuarios de Internet, dice Luis Fernando García, abogado especialista en la materia e integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Uno de los aspectos más preocupantes es el referente a la llamada ‘‘colaboración con la justicia’’. En el artículo 197, fracción 7, se establece que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deben bloquear o inhibir la señal en lugares críticos para la seguridad nacional, lo cual abre la puerta para que se bloqueen las comunicaciones en manifestaciones y marchas, o concentraciones, impidiendo a las personas que se comuniquen entre sí y denuncien abusos de autoridad. ‘‘Se trata de una medida desproporcionada y violatoria de la libertad de expresión y los derechos humanos, y así lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos’’, apuntó García. En cuanto a la privacidad de los usuarios, la ley indica que las empresas deberán conservar registro de las comunicaciones de todos sus usuarios por dos años o hasta por tiempo indefinido. Esto incluye llamadas, mensajes, nombres e incluso datos de geolocalización de los celulares, con lo que ‘‘se revelará mucha información del contenido de las llamadas, el dónde, a qué hora y para qué de las comunicaciones’’. La iniciativa plantea además que las policías, la Sedena, la Marina o el Cisen puedan solicitar esta información sin autorización judicial. No resistió el gobierno las críticas en las redes sociales, aun cuando tiene contratados a todo tipo de bots que lo defienden y alaban su actuación. La idea es tener una Internet parecida a Televisa: que calle lo malo que sucede en el país.

No embonan ruedas ni cuentas

¿Dónde andarán los amigos superpoderosos de Marcelo Ebrard, aquellos a quienes ayudó asignándoles cuantiosos contratos, o protegió, como la inmobiliaria que levanta la Torre del Bicentenario? ¿Irán a salir en su defensa? Porque la cosas se le están poniendo difíciles. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal debe regresar a la Federación 489 millones 422 mil pesos de gastos que no pudo comprobar por la construcción de la línea 12 del Metro, la de las ruedas que no embonan con las vías. El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Olivas Ugalde, explicó que durante la administración de Marcelo se destinaron 14 mil 361 millones de pesos de recursos federales para las obras de la Línea Dorada. Los fondos federales fueron auditados y como resultado se hicieron observaciones sobre los procesos de contratación y construcción. ‘‘A pesar de esta revisión exhaustiva que llevamos a cabo, no se pudo justificar el pago que se realizó con recursos del Fondo Metropolitano de diversos convenios, reconocimientos de adeudos de obras inducidas por la cantidad de 489 millones 422 mil pesos que no fueron formalizados en contratos conforme a las disposiciones jurídicas’’, indicó Olivas. El subsecretario afirmó que también se reunirán con la Auditoría Superior de la Federación para revisar la Cuenta Pública del año pasado, en la que se verificarán recursos por 3 mil 400 millones de pesos. ¡Zas!

e@Vox Populi

Asunto: denuncia abuso del Invea

Pineapple Condesa es un pequeñísimo restaurante en la Condesa que representa el único ingreso familiar y en el que trabajamos duramente para levantarlo y sostenerlo. Fuimos el primer local en todo el país en implementar el ‘‘café pendiente’’, que consiste en otorgar bebida y/o alimento a las personas en condición de calle, sustentado por los mismos clientes que dejaban una aportación económica para poder llevarlo a cabo. El viernes 21 de marzo del presente año, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) clausuró y multó el negocio de manera abrupta y arbitraria, aduciendo la venta de bebidas alcohólicas, lo cual es falso; como resolución de una visita realizada hace más de un año ello habla de una incompetencia absoluta. El Invea nunca tuvo un acercamiento previo, ni advertencia, notificación, ni nada que se le parezca. No nos dieron alternativas, no siguieron un protocolo, sino que por la resolución de venta de bebidas alcohólicas –a más de un año de su visita– nos cerraron. Vendemos desayunos, comidas, jugos naturales, aguas frescas, cafés y nada más. Cualquier vecino puede constatar esto. Se supone que las cosas han ido cambiando y que los ciudadanos deberíamos sentirnos más confiados en quienes gobiernan nuestra ciudad, nuestra delegación y en que los funcionarios de todas las dependencias del Distrito Federal son justos. No es así.

LA JORNADA

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