La batalla por internet presenta: Dilma vs. Peña

En el caso del espionaje a Enrique Peña Nieto durante la campaña de 2012, México optó por la vía diplomática que, entre otras cosas, garantiza que nada pase. Brasil optó por la confrontación, expuso las consecuencias políticas del hecho y lo escaló hasta donde pudo. Mientras nosotros optamos por el “aquí no pasó nada”, los brasileños optaron por el “de aquí no se mueve nadie hasta que lo resolvamos”.

 

El primero de septiembre de 2013 en la cadena brasileña TV Globo, el periodista Glenn Greenwald reveló que según filtraciones de Edward Snowden fechadas en junio de 2012, Enrique Peña Nieto y nueve de sus colaboradores más cercanos habían sido espiados por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) durante la campaña presidencial. El expediente contiene comunicaciones privadas del entonces candidato con su equipo compacto.

La reacción del gobierno mexicano consistió en una nota diplomática donde veladamente pone en duda la autenticidad de documentos que el propio gobierno estadounidense no ha desmentido. Así expresó su rechazo al “supuesto espionaje sobre ciudadanos mexicanos dentro de programas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos” y no faltaron las enérgicas condenas “sin prejuzgar sobre la veracidad de la información presentada en dichos medios de comunicación, el Gobierno de México rechaza y condena categóricamente cualquier labor de espionaje sobre ciudadanos mexicanos en violación del Derecho Internacional”. Además de esta tibieza, se citó al Embajador Wayne a comparecer en el Congreso; no pasó de ahí.

En ese mismo programa, gracias a Greenwald también conocimos que la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, junto con varios ministros y colaboradores, también había sido espiada por la NSA. La primera declaración del gobierno brasileño correspondió a Gilberto Carvalho, Secretario General de la Presidencia, quien sin matices anunció “el gobierno está en situación de emergencia”. Brasil calificó el hecho como un atentado contra la soberanía nacional; Dilma canceló una visita diplomática a Estados Unidos en protesta.

Unos días más tarde, el 24 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, Rousseff pronunció un discurso que escaló la discusión a la arena de la política internacional. Indicó que “la soberanía de un país no puede basarse en una acción que sea en detrimento de la soberanía de otro”, además se pronunció sobre el centro del asunto: “Sin derecho a la privacidad no se tiene una real libertad de expresión y de opinión, entonces no hay democracia –continuó Rousseff-. Estamos ante una grave violación de los derechos humanos y las libertades civiles”.

 

Hasta aquí la diferencia entre la reacción de un gobierno y otro son abismalmente distintas. México optó por la vía diplomática que, entre otras cosas, garantiza que nada pase. Brasil optó por la confrontación, expuso las consecuencias políticas del hecho y lo escaló hasta donde pudo. Mientras nosotros optamos por el “aquí no pasó nada”, los brasileños optaron por el “de aquí no se mueve nadie hasta que lo resolvamos”.

Ambos gobiernos tuvieron reacciones para abordar el tema a través de las políticas públicas. El gobierno mexicano lo hizo en dos vías. El 25 de noviembre de 2013 se presentó la Estrategia Digital Nacional, un puñado de políticas públicas que más bien se enfocan al gobierno y su eficiencia, demasiado cortas para llamarse una agenda nacional; sin embargo, la coordinadora del tinglado, Alejandra Lagunes, en su discurso en el Museo Nacional de Antropología dijo que el gobierno de Peña Nieto respetaría la libertad de expresión en línea, la privacidad de las personas y la neutralidad de la red.

Hace unas semanas, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones con el fin de instrumentar la reforma constitucional en la materia. La propuesta del Ejecutivo es, por decir lo menos, impresentable. Abandona la idea de un sistema de medios públicos, trata de desmantelar al nuevo regulador (lo que traería consecuencias negativas para la búsqueda de un mercado más sano) y, lo más irónico, legaliza prácticas de geolocalización, retención de datos y espionaje gubernamental —mismo del que fue víctima el propio Presidente. La reforma apuesta por mantener el statu quo y neutralizar el disenso.

En Brasil las cosas fueron distintas. Durante la reunión de la ONU donde Dilma pronunció su discurso, la presidenta platicó con Getachew Engida, subdirector de comunicación e información de la UNESCO, ahí se comenzó a planear NetMundial, la reunión en donde me encuentro. Esta reunión tiene dos objetivos: plantear unos principios para la gobernanza de internet y trazar la ruta de evolución del ecosistema de gobernanza de internet. En NetMundial se encuentra sociedad civil, academia, comunidad técnica y gobierno para discutir durante dos días estos temas y presentar los documentos que respondan, por un lado, a incorporar el tema de derechos fundamentales en el lenguaje de gobernanza y, por el otro, la ruta de transición entre ICANN e IANA.

Este martes por la mañana, Dilma entró triunfal al salón principal del evento. Miembros de la sociedad civil brasileña protestaban para que Rousseff vete el artículo 15 del Marco Civil que habla sobre vigilancia masiva. Antes de su discurso, frente a embajadores, ministros, académicos, y sociedad civil de por lo menos 50 países, firmó y sancionó el Marco Civil. En su mensaje defendió la neutralidad, explicó que en el Congreso se aprobó por consenso, uno que no tiene mayorías y con 15 partidos representados, ¿cómo le hizo? Voluntad política y negociación. Dilma se anotaba dos goles: la celebración de NetMundial y el aplauso de la comunidad internacional por la promulgación del Marco Civil.

El relato nos enseña que ante circunstancias similares se pueden tomar caminos opuestos.

Desde mi asiento sólo podía pensar en la pequeñez de mi Presidente en el tema, un señor que gobierna con simulación y farolazo; un restaurador con sonrisa perfecta. Dilma aprovechó la oportunidad política, viró un polo de poder (y hasta ideológico) al sur del continente en lo que será la batalla por el control de internet: la guerra tibia.

ANIMAL POLÍTICA

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