Ley Telecom: inminente neocensura anticonstitucional

Ley Telecom: inminente neocensura anticonstitucional
El Sol de México
14 de abril de 2014
Betty Zanolli Fabila
Hace meses advertíamos de la regresión jurídica que en materia de derechos humanos implicaba la aprobación de la “ley de geolocalización”. Ahora nos sumamos a la profunda indignación que cimbra a la sociedad mexicana ante la ofensiva, lesiva y retardataria iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión (iLTR).

Diversas organizaciones civiles han manifestado sus críticas pero de nada ha servido, el silencio ha sido la respuesta, y mientras el espíritu y la lucha de Edward Snowden y Julian Assange cobran mayor fuerza y significado, senadores y diputados están por avalar un nuevo y abusivo ataque en contra de los derechos humanos y garantías consagrados en nuestro texto constitucional. Una vez más, como cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró “constitucional” la supresión de todo control judicial en la “ley de geolocalización”, de ser aprobada en sus términos la iLTR constituiría una flagrante violación a los derechos de privacidad, libertad de expresión y comunicación, protección de la identidad y de los datos personales, neutralidad universal de la red y al “derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”, establecido en el artículo 6º de nuestra Constitución Federal. De la misma manera, sería un atentado contra la prohibición prescrita en el artículo 7º de nuestra Carta Magna en materia de censura previa al contenido -al estar ahora facultados los proveedores de internet para realizarla- y, especialmente, contra el principio pro homine incorporado a partir de 2011 en el artículo 1º del Texto Supremo.

Un ejemplo por demás revelador: ¿quién puede creer en la bondad y efectividad de la medida de bloquear la conexión a internet “en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”, que señala el artículo 197, frac. VII de la iLTR? ¿Realmente garantizará la seguridad pública? Es obvio que no. Todo indica que son otros los objetivos que subyacen pues estamos por atestiguar cómo senadores y diputados legislarán en el sentido de que bastará una orden discrecional de una autoridad no judicial para privar de sus derechos a los ciudadanos de modo indiscriminado: lejos de protegerlos, se les dejará en estado de indefensión. Y volvemos al punto de siempre: ¿el hecho de haber sido electos “representantes populares” les hace suponer que ostentan una representatividad omnímoda, aún en contra de lo que el pueblo pueda querer o esperar?

Restan sólo unos cuantos días para que concluya el periodo de sesiones, pero será casi imposible que la cordura, el decoro, la moral y el respeto irrestricto a los derechos humanos imperen en el actuar de los legisladores: como antes, como siempre lo han hecho, terminarán convalidando una iniciativa de ley absolutamente anticonstitucional, tal y como lo han sido las recientes reformas constitucionales y legales de los últimos meses y años. Y es que el ejecutivo federal podrá proponer cualquier iniciativa de ley pero si alguna función deberían cumplir los legisladores es la de ser los principales garantes de la soberanía popular y no, en cambio, transmutarse en sus máximos opresores. ¿Para esto se quería celebrar un Pacto por México?

Algún senador ha dicho que promoverá una acción de inconstitucionalidad llegado el momento y que ya se proyectan futuros amparos. Cómo no hacerlo, baste leer artículos como el 145, 146, 186, 187, 189, 190, 192, 194 y 197 de la iLTR. La pregunta: ¿servirán de algo? Al final, la SCJN “no podrá contradecirse” y, por supuesto, terminará convalidando todos los actos y atropellos jurídicos de su poder hermano.

¡Qué retroceso en todos sentidos, qué paradoja, qué suprema fiscalización, pero sobre todo qué fracaso para nuestra democracia! O ¿cómo entender que justo ahora, cuando más recursos tecnológicos tiene la humanidad a su disposición, en vez de ello sea cuando más se restringe y penaliza su empleo?

Cuando en 1812 la Constitución de Cádiz por primera vez estableció la libertad de imprenta, insurgentes y liberales fueron los primeros en abrevar de sus frutos, como fue el caso de los sanjuanistas yucatecos y de figuras como Hidalgo, Morelos, Cos y Quintana Roo. Sin embargo, demasiado pronto la autoridad impuso límites al erigir juntas provinciales de censura. Debieron ser los constituyentes de 1856 y 1916 los que consagraran y establecieran, en sus respectivas Constituciones, los fundamentos modernos de la libertad de expresión. Hace poco, Rusia legisló prohibiendo sitios de contenido extremista o convocantes a manifestaciones contrarias al régimen, mientras Venezuela, Turquía y Ucrania radicalizaron sus restricciones en la materia. Ahora México sigue su ejemplo, sin preocuparle a los legisladores que incomunicar, intimidar, censurar a las personas al nivel que lo pretende la iniciativa, violenta derechos humanos elementales y esto sólo lo impone un Estado autoritario.

La defensa de la seguridad pública no puede sustentarse sólo en una potencial e inminente afectación de la ciudadanía en la que ésta vea suprimidas sus más elementales libertades. Si algo ha fortalecido a la sociedad es su libre intercomunicación. Lo que deben estructurarse son estrategias verdaderamente eficaces que, en vez de restringir el acceso general a las telecomunicaciones, aprovechen estos recursos para la verdadera defensa de la seguridad pública sin afectar ilegítimamente a la ciudadanía. Ése es el reto que tiene el Estado moderno y la sociedad mexicana en su conjunto.

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